América Latina viene siendo testido de actividades de empresas nacionales y transnacionales, cuyo impacto perjudica el medioambiente e interfiere en el ejercicio de los derechos y libertades de las personas y los pueblos, alejando aún más los países de la región del anhelado desarrollo sustentable. Como en otras regiones del mundo, las organizaciones de la sociedad civil han venido denunciando los graves abusos cometidos por los actores empresariales así como la innacción estatal frente a tales abusos. La masiva contaminación por empresas petroleras en la amazonía ecuatoriana, la crisis hídrica ligada a la extracción minera del norte de Chile; el desarrollo creciente de la agroindustria en Brasil; la explotación económica de niños, niñas y adolescentes en las minas de Bolivia y Perú; las prácticas antisindicales y la persistencia de la discriminación de género junto con la brecha salarial entre hombres y mujeres en la mayoría de los países de la región; la instalación de mega proyectos de infraestructura y extractivos en territorios ancestrales de pueblos indígenas son sólo algunos ejemplos de lo que ocurre en la actualidad.