Lista para ser promulgada y convertirse en Ley de la República quedó el Proyecto de Ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, al ser aprobado en el Congreso en julio pasado y en el Tribunal Constitucional el 21 de agosto.
La discusión en el Tribunal Constitucional (TC) se realizó luego que parlamentarios de la coalición política Chile Vamos, presentaran requerimientos de inconstitucionalidad por considerar que la iniciativa vulneraba la Constitución. Finalmente los Ministros aprobaron el proyecto por seis votos a favor y cuatro en contra.
Con ello, las mujeres podrán decidir interrumpir su embarazo en tres causales: peligro para la vida de la mujer, inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo por violación. La norma será operativa en un plazo de 90 días después de su publicación y con la elaboración de un reglamento para su implementación en la red pública de salud. De acuerdo a lo indicado por el Gobierno, el primer borrador del reglamento será presentado el 1 de septiembre.
Chile es uno de los nueve países en el mundo que criminaliza el aborto en todas sus modalidades. Antes de 1989 estaba permitido interrumpir el embarazo con fines terapéuticos, hasta que en dicho año la dictadura de Augusto Pinochet derogó el artículo 119 del Código Sanitario, prohibiendo todo tipo de aborto.
El aborto y los derechos sexuales y reproductivos
Hablar de aborto involucra abordar las distintas realidades de mujeres, muchas de éstas en contextos de discriminación y violencia que se profundizan con la criminalización por buscar o someterse a un aborto; denegación de acceso a tratamiento médico por complicaciones derivadas del aborto; la violación y el incesto, y estigmatización por ser víctima de abuso sexual; denegación del acceso a servicios de aborto seguro cuando la continuación del embarazo supone un riesgo para la vida o la salud de la mujer.
En todas estas situaciones se vulneran los derechos sexuales y reproductivos, considerados derechos humanos esenciales para decidir libre y responsablemente sobre nuestra sexualidad, sin coerción, discriminación y violencia. Es por ello que no se puede hablar de aborto sin considerar los derechos sexuales y reproductivos, los que aún no tienen una traducción efectiva en las políticas públicas, ni en las prácticas institucionales, ni en los códigos culturales de nuestras sociedades.
Hoy se hace aún más relevante que quienes trabajan en el área de la salud y de los derechos humanos, reconozcan y respeten en las políticas públicas y en su quehacer, el pleno ejercicio de estos derechos por parte de las mujeres.
Los y las invitamos a sumarse al Diplomado de Especialización en Derechos Sexuales y Reproductivos y Políticas Públicas, programa modalidad semi-presencial que comienza el próximo17 de noviembre de 2017.
Información en http://www.fundacionhenrydunant.org/diplomados-y-cursos/diplomados-2017-2018/750-diplomado-derechos-sexuales-2017-2018