El 4 de febrero fue expulsado del país el periodista italiano Lorenzo Spairani, becario de la Unión Europea que debió abandonar Chile en circunstancias preocupantes para el pleno ejercicio de la democracia en el país y el respeto a los derechos humanos y migratorios.
Spairani se encontraba en Chile financiado por la Unión Europea, en «un proyecto por el cual estaba documentando manifestaciones sociales, trabajando con organizaciones sindicales», según informó Radio Bío Bío en su portal. El mismo medio consignó, a través de las palabras de Ana Piquer, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, que la PDI habría hecho ingreso al departamento que arrendaba Spairani en Estacion Central rompiendo la puerta y llevándolo inmediatamente a la Jefatura Nacional de Extranjería, de donde restaron pocos trámites para finalmente enviarlo de vuelta a Italia bajo custodia de agentes chilenos.
Lo preocupante en este caso (como en contables más) es la base en que se sustentan estos actos de deportación, pues la orden de expulsión apelaba al Decreto Ley Nº 1094, aprobado por la junta militar en 1975. Por tanto, en Chile se sigue gestionando la situación de cientos de miles de extranjeros en base a un decreto firmado en dictadura.
Según describió Piquer en el citado medio, «la aplicación de este Decreto Ley no es algo atípico ni extraño. No es un oscuro Decreto Ley que de pronto se rescató para ser usado en este caso. El Decreto Ley 1094 es nuestra Ley de Extranjería. Es la única ley que tenemos que regula la inmigración en Chile: una ley creada en dictadura y con una perspectiva de seguridad y control, no de inclusión y derechos humanos». Esto sugiere que todas las visas otorgadas o denegadas a personas extranjeras en Chile, las multas y las decisiones de expulsión se basan en este Decreto Ley.
En cuanto al caso del Lorenzo Spairani, hay muchos elementos cuestionables respecto a la decisión de expulsarle, en donde las presuntas causantes son tan difusas como los fundamentos del Decreto Ley en cuestión. Principalmente si se tiene en cuenta que las actividades que aparentemente motivaron su expulsión son las del ejercicio de la profesión de periodista.
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