El lunes 1 de febrero, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados (Chile) aprobó las tres causales propuestas para la despenalización del aborto: cuando la vida de la mujer esté en peligro, por inviabilidad del feto de carácter letal y violación. Una vez despachado el proyecto de Ley pasará a la Sala de la Cámara de Diputados para su revisión.
El proyecto Despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, presentado por el Ejecutivo el año pasado, fue uno de los objetivos manifestados por la Presidenta Michel Bachelet en su campaña. El Gobierno espera que a fines de marzo se pueda cumplir con el primer trámite constitucional.
La Comisión aprobó además, dos indicaciones que consisten en la obligatoriedad de la denuncia ante el Ministerio Público en caso de violación, y un programa de acompañamiento al que podrá optar una mujer que quiere seguir adelante con el embarazo o también si decide interrumpirlo.
El miércoles continuará la votación del resto del articulado, que aborda los procedimientos diferenciados para cada causal y también de acuerdo a las características de las mujeres, tratándose de menores de 14 años, jóvenes entre 14 y 18 años y las mujeres mayores de edad.
Aborto en Chile
En 1989 se derogó el aborto terapéutico en Chile, por lo cual junto a Malta, El Salvador, Nicaragua, y República Dominicana, además de El Vaticano, el aborto está tipificado como delito en todas sus formas. Pese a lo anterior no ha impedido ni impide su práctica en condiciones de riesgo para la vida y salud de las mujeres.
Debido a la prohibición total de abortar, ha sido difícil saber con certeza cuántos se producen anualmente en el país. Según cifras del Ministerio de Salud se realizan más de 33.000 abortos por año, es decir 90 abortos diarios en promedio. Sin embargo, otros estudios estiman la cifra entre 60.000 a 70.000 abortos al año (Instituto Chileno de Medicina Reproductiva), mientras que otros la sitúan en 160.000 abortos por año (El aborto en Chile, Maité Albagly).
Apoyo internacional
Naciones Unidas, a través de distintos Comités que vigilan el cumplimiento de tratados internacionales de derechos humanos y que el Estado de Chile ha ratificado, han recomendado modificar la legislación chilena sobre el aborto, considerando que la criminalización total viola los derechos humanos de las mujeres, entre ellos, su derecho a la vida, a la salud y a no sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes.
A ello se suma Amnistía Internacional, coincidiendo que la criminalización del aborto viola los derechos humanos, tema que ratificó en su Informe 2015/16 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo presentado la semana pasada.