El 24 de febrero Amnistía Internacional (AI) dio a conocer su Informe Anual que documenta la situación de los Derechos Humanos en el mundo durante 2015. El documento se compone de cinco reseñas regionales (África, América, Asia y Oceanía, Europa y Asia Central, Oriente Medio y Norte de África), y el análisis individual de los 160 países y territorios.
En general, en América Latina el análisis denunció la violación de derechos humanos en ámbitos como la seguridad pública, acceso a la justicia y lucha contra la impunidad, personas refugiadas y migrantes, derechos de los pueblos indígenas, derechos de las mujeres y las niñas, y de la comunidad LGTBI, entre otros.
El Informe destaca las reiteradas respuestas militaristas de las autoridades ante problemas sociales y políticos. El uso de fuerza excesiva, los homicidios ilegítimos, las declaraciones arbitrarias y la impunidad de estos actos por fuerzas de orden de países como México, Brasil, Colombia y Venezuela fueron criticados.
Al mismo tiempo, la existencia de elevados niveles de violencia. En América Latina y El Caribe se encuentran 8 de los 10 países más violentos del mundo, y sólo 20 de cada 100 homicidios desembocan en una condena, número que incluso es menor en varios países.
La violencia e influencia crecientes de los agentes no estatales —entre ellos las redes delictivas y los abusos contra los derechos humanos de las empresas transnacionales que actúan con impunidad— continúan poniendo en entredicho la capacidad de los gobiernos de proteger los derechos humanos.
Los debates en la Organización de los Estados Americanos para terminar de definir el proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se vieron obstaculizados por las trabas a la participación efectiva de los pueblos indígenas y por los intentos de algunos Estados de debilitar el borrador, amenazando sus derechos a la tierra, el territorio y los recursos naturales, su cultura e incluso su existencia misma.
Amnistía Internacional también hace hincapié en las violaciones de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas del continente. El informe menciona la «repercusión negativa» de que, en siete países de la región —Chile, República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, Surinam y Nicaragua— seguía vigente el año pasado laprohibición total del abortoo no había disposiciones legales explicitas para proteger la vida de las mujeres.
En el contexto de crisis humanitaria AI muestra su preocupación por las personas migrantes y refugiadas —especialmente grandes cantidades de niños, niñas y adolescentes no acompañados— que cruzan Centroamérica y México. El documento afirma que estas personas hacían frente a «graves violaciones» de derechos humanos alintentar acceder a EE. UU.